Juicio histórico: El modelo, ante prueba de fuego
Juan Omar Fierro
ZACATECAS, Zac., mayo 24 (EL UNIVERSAL).- Los soldados del 97 Batallón de Infantería del Ejército decidieron no ser cómplices. Hoy son testigos clave del homicidio contra siete jornaleros cometido el 7 de julio de 2015 en el estado de Zacatecas, que se imputa a cuatro de sus mandos, quienes hoy enfrentan el primer juicio oral de la historia contra militares en un tribunal civil, acusados de violaciones graves a derechos humanos. Es una prueba de fuego en el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio (NSJPA), que el 18 de junio debe aplicarse en todo el país.
En la audiencia intermedia correspondiente a la causa penal 43/2015, en la que en abril pasado estuvo presente EL UNIVERSAL, quedó claro que el desafío no es menor. El juez de Control, Juan Ramón Barreto López, desechó 30 de 130 medios de prueba que presentó la Procuraduría General de la República (PGR); a la defensa no le fue mejor: de 15 sólo le admitieron cinco evidencias de descargo. La fecha del juicio no está definida. El proceso apenas inicia.
Un coronel, un capitán segundo, un teniente y un subteniente del Ejército renunciaron a la posibilidad de llegar a un acuerdo con la PGR en el proceso penal que se les sigue por la desaparición y posterior ejecución de siete personas en el municipio de Calera de esta entidad.
Durante la audiencia que se sigue contra el mando y los tres oficiales a su cargo, la PGR presentó un escrito con más de 130 medios de prueba y declaraciones ministeriales recabadas a lo largo de ocho meses, con las que busca demostrar la responsabilidad penal de los cuatro imputados en el secuestro, desaparición y posterior homicidio de cinco hombres y dos mujeres, perpetrado el 7 de julio de 2015.
Los delitos que se les imputan en el fuero civil son contra la administración de justicia, homicidio calificado con el agravante de que los presuntos perpetradores eran servidores públicos al momento del crimen y desaparición forzada de personas, ilícitos por los que cada uno de los acusados podría recibir una pena de hasta 39 años de prisión, más el pago global de una multa por concepto de reparación del daño superior a los 2 millones 300 mil pesos.
Los medios de prueba presentados por el Ministerio Público Federal contra los procesados se debatieron uno a uno en presencia del juez de Control, Barreto López, de sus cuatro abogados defensores y de los asesores victimales enviados desde Guadalajara y la Ciudad de México por la Comisión Ejecutiva de Atención...
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