Narco cede... rebaja cuotas de extorsión

ALTAMIRANO, Gro., febrero 4 (EL UNIVERSAL).- Para los niños en la plaza central de Ciudad Altamirano, la víspera de Navidad es momento de pastorelas; para los adultos, son días de hacer los pagos por la extorsión de la temporada; para el joven sacerdote Gregorio López, es la hora de morir asesinado. En esta esquina del Pentágono de la Amapola, la noroeste, la sustitución de la Policía Municipal por la federal y el Ejército mexicano no ha alterado la ley de la vida: hay que obedecer o perderla.

Ocurre lo mismo en el extremo contrario, en Iguala, aunque quien manda aquí no sea el cártel La Familia Michoacana, sino Guerreros Unidos. Es cierto que muchos de sus sicarios tuvieron que marcharse cuando el alcalde José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda, pasaron a una clandestinidad que terminó con su arresto. Pero quien era su secretario de Seguridad Pública y comandante de los policías que atacaron a los 43 normalistas la noche del 26 de septiembre pasado, Felipe Flores, ha tenido mejor suerte que el matrimonio Abarca-Pineda: no sólo porque ha logrado mantenerse escondido, sino porque quien ocupa ahora su cargo fue su chofer y escolta, Jorge Berrios. Su jefe directo, el síndico procurador del ayuntamiento, Mario Castrejón, llegó al poder con Abarca y se le señala en la entidad como uno de sus hombres.

Ambas ciudades cuentan con cuarteles militares y batallones de infantería —el 34 y el 27— desde los años 70. Lo mismo ocurre con una población intermedia sobre la carretera federal 51, Teloloapan, donde está destacado el 41. Sin embargo, ni para estas localidades ni para las cercanas ésto ha servido esto como un seguro contra la delincuencia. La guerra por el control de las plazas, que disputan esos dos grupos criminales más el Cártel Jalisco Nueva Generación, Los Caballeros Templarios y Los Rojos, así como el recurso del secuestro y la extorsión, han hecho de las muertes violentas un evento cotidiano: en Ciudad Altamirano los homicidios dolosos se triplicaron entre 2005 y 2013, de acuerdo con el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Justicia Penal, hasta alcanzar 139 por cada 100 mil habitantes, siete veces el promedio nacional. En Iguala, en el mismo periodo, se cuadruplicaron hasta llegar a 62 por cada 100 mil, y también hay reportes de la desaparición forzada de otras 476 personas en el periodo de Abarca, de 2012-14, sin contar a los 43 normalistas. Y en Teloloapan el índice quintuplica el del país, con 96 por cada 100 mil.

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