Río Sonora, tragedia anunciada

Zorayda Gallegos

CANANEA, Son., marzo 21 (EL UNIVERSAL).- El terreno árido desanima a don Ramón Quijada Acuña. En su pedazo de tierra no brotan los pastizales, el sorgo, el maíz, la cebada. Nada. El arroyo que corría por su propiedad está vacío y se secaron las grandes arboledas. No puede sembrar y cada vez tiene menos ganado.“A las autoridades les hemos entregado muestras que analizamos y dicen que el agua se puede tomar, pero ellos no se quieren echar ni un traguito”, dice con su acento bronco.

Con nostalgia cuenta que en la propiedad que comparte con su familia antes había tierras para regar, huertas con frutos y arboledas grandísimas bajo las cuales la gente de Cananea se reunía a bailar.“Se hacían unas pachangas a todo dar, ahorita no se paran ni los chapulines”, relata el hombre de 66 años.

Don Ramón es un ranchero franco, que sin rodeos culpa a la Minera Buenavista del Cobre (propiedad de Grupo México) de la desgracia que viven los pobladores desde los años 90. Ahora él, como ya no tiene qué sembrar ni mucho ganado que alimentar, trabaja como velador.“Ahorita es un desierto porque se secó todo el arroyo y lo que corre es agua contaminada. Nuestros animalitos van y toman agua como a seis kilómetros abajo, y los pobres se acaban la energía en ir y venir”, dice.

Él, junto con una veintena de primos y hermanos, es propietario de un gran predio conocido como Ojo de Agua de Arvayo, en Cananea, que heredaron de sus papás y éstos a su vez de sus abuelos.

Una investigación realizada por EL UNIVERSAL revela que desde agosto de 2001 hasta el pasado 6 de agosto, antes de que ocurriera el derrame en el Río Sonora, considerado el peor desastre ambiental provocado por la industria minera del país, la Profepa había recibido 18 denuncias contra Grupo México.

Pero no sólo la Profepa conoció las irregularidades de la mina ubicada en Cananea, también la Semarnat, la Conagua, el Ayuntamiento de Cananea, el gobierno de Sonora y la Cámara de Diputados, según expedientes obtenidos por este diario vía la Ley de Transparencia.

Para José Luis Moreno Vázquez, investigador del Colegio de Sonora, quien ha escrito artículos sobre la problemática ambiental del estado, las autoridades han sido “laxas” con Grupo México y con las mineras en general.“Tanto la Federación como el gobierno estatal prefieren hablar de oportunidades de empleo que de costos ambientales y sociales”, afirma.

Una probable explicación de por qué no actuaron las autoridades ante las denuncias, es...

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