Acambay. Tomas ilegales, un secreto a voces
Claudia GonzálezACAMBAY, Méx., enero 28 (EL UNIVERSAL).- En Acambay el sabotaje del ducto Tula-Toluca, que viene de Hidalgo y llega a la terminal de abastecimiento en la capital mexiquense, es un secreto a voces del que sus habitantes buscan deslindarse y al que muchos le tienen miedo. La ubicación de las tomas ilegales las conocen desde el policía municipal hasta el campesino y los regidores; no hay nada clandestino, excepto el rostro de los responsables de cometer este delito.
No es una actividad reciente, las autoridades municipales coinciden que es una práctica por lo menos de hace tres años, que en el último mes "ya de plano es a plena luz del día", dijo el regidor morenista Francisco Ángeles.
Esta demarcación saltó a la luz hace un par de semanas, cuando un video en redes sociales expuso que llegaron cientos de personas a extraer hidrocarburo de una toma clandestina al pie de la carretera con botes y bidones, en la comunidad de Detiña, a unos metros de la carretera Arco Norte.
La mayoría de los habitantes son de ascendencia otomí, es un municipio considerado como el segundo bastión priísta de la entidad, el primero es su vecino Atlacomulco, y es la primera vez que lo gobierna un partido diferente al PRI, en enero inició la administración de la maestra morenista Esperanza González.
La gente en este municipio señala que el robo de gasolina pone en peligro a sus familias y su patrimonio, pero casi nadie denuncia el ilícito ante la autoridad lo que saben sobre los puntos de huachicoleo, dicen, por miedo a represalias.
Los habitantes niegan ser vendedores o compradores del combustible, se acreditan como "víctimas" de este delito; aseguran que es cometido por bandas de otros estados que se llevan el carburante a Hidalgo o a Toluca, quienes no los han amenazado, pero igual les temen.
Sin embargo, las autoridades locales difieren, mientras el regidor morenista Francisco Ángeles González apoyó a la población en su dicho y los exime de responsabilidad en el sabotaje del ducto e incluso acusó que este delito derivó en el desplazamiento de los habitantes de comunidades como El Ermitaño, Detiña, Pueblo Nuevo, La Soledad y la franja hasta La Laguna, el regidor del PRI, Miguel Ángel Navarrete González, atribuyó a por lo menos cuatro comunidades el almacenamiento y venta del combustible robado.
"La Teresa, Conejeras, Puentecillas, son tres de las cuatro [comunidades] donde hay mucha gente que se dedica a eso [sabotaje de ductos]; son de aquí mismo...
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