Atiende Coahuila recomendación de ONU: Indemnizar a víctimas
SALTILLO, Coah., mayo 30 (EL UNIVERSAL).- De acuerdo a los estándares internacionales establecidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en materia de Derechos Humanos, en Coahuila se indemnizará a ofendidos y víctimas, en su caso, del delito de Desaparición Forzada de Personas, por parte del estado en caso de que participen funcionarios públicos, o quienes actúen con la autorización, el apoyo o la tolerancia del estado sin ser servidor público.
Así se plantea en la iniciativa de reforma al Código Penal, que firmó a las 07:00 horas de este jueves el gobernador, Rubén Moreira Valdés, propuesta que el secretario de Gobierno, Armando Luna Canales, entregó esta tarde al líder del Congreso Local, Eliseo Mendoza Berrueto.
El monto de las indemnizaciones a víctimas u ofendidos por desaparición forzada será fijado por el juez, según sea el caso, por tanto no se puede estimar el monto que se pagaría, explicaron.
El proceso de entrega recepción, a cargo del oficial Mayor, Francisco Rangel Castro, se hizo en el salón Colosio del Palacio Legislativo, donde el Consejero Jurídico del Gobierno, Raúl Alvarado Castro enumeró los puntos relevantes de la propuesta de adecuación al Código Penal del Estado, donde se disponen también castigos severos a los responsables quienes podrían pasar el resto de su vida en prisión.
"Su objetivo es abonar a la protección de los Derechos Humanos de las víctimas y para la atención a casos de personas desaparecidas", aseguró el secretario Luna Canales.
En ella se destaca que el responsable de este ilícito si es servidor público estatal o municipal --policía o funcionario, por ejemplo--, será destituido e inhabilitado de por vida para ocupar cualquier cargo, empleo o comisión públicos.
Además no tendrá derecho al perdón ni a recibir ningún beneficio de reducción de pena, conmutación de sanciones, tratamiento preliberacional, libertad preparatoria, amnistía, o indulto.
Propone también aumentar la pena de 20 a 60 años de prisión, --en lugar de 18 a 20 años--, para quienes cometan el ilícito, y en el caso de que se trate de servidores públicos serán despedidos e inhabilitados de forma vitalicia para el desempeño de cualquier cargo en la administración pública.
En la propuesta de reforma penal también se prevén circunstancias atenuantes y agravantes para este delito, lo que obedece a lo dispuesto por la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las desapariciones forzadas.
Sanciona además...
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