Avalan cárcel a legisladores que soliciten “moches”

Alberto Morales y Juan Arvizu

CIUDAD DE MÉXICO, junio 16 (EL UNIVERSAL).- El Senado aprobó en lo general y en lo particular reformas a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y a la Ley Orgánica de la PGR, con lo que se crea la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y reformas al Código Penal Federal para tipificar y castigar los actos de corrupción.

Así —en sesión del periodo extraordinario—, junto con el aval a la Ley Orgánica del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Pública, la Cámara Alta completó cinco leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y remitió las minutas a la Cámara de Diputados para su discusión y eventual aprobación.

El documento destaca que en el caso de los cambios al Código Penal Federal, el presidente de la Comisión de Justicia, Fernando Yunes (PAN), se amplía el catálogo de delitos con el objeto de sancionar a los servidores y funcionarios.

En el caso de los “moches”, explicó, que se plantea castigar al legislador hasta con 14 años de prisión y una multa de 300 a mil unidades de medida diarios, que en ejercicio de sus funciones gestione o solicite la asignación de recursos a favor de un ente público, exija u obtenga para sí o para un tercero una comisión, dádiva o contraprestación en dinero o en especie distinta a la que le corresponde por el ejercicio de su encargo.

En el rubro de sanciones, el dictamen prevé penas de hasta 18.5 años de cárcel a aquellos servidores públicos —electos para un cargo de elección popular o designados por el Congreso— que se les compruebe el delito de “enriquecimiento ilícito”, así como la inhabilitación del cargo que dependiendo de la gravedad del caso que puede ser de por vida.

También se aprobó minuta que expide la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa organismo que será el encargado de sancionar e imponer multas por faltas graves administrativas en casos de corrupción en los que incurran servidores públicos y particulares.

El senador Miguel Romo (PRI) expresó que se consideró incluir en los delitos por los hechos de corrupción, la pena de destitución y la inhabilitación por un plazo de uno a 20 años, para desempeñar empleo, cargo o comisión público.

Cabe destacar que dicha pena también podrá aplicarse por irregularidades en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras...

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