Bajo los rieles. Tren Maya violaría pactos
CIUDAD DE MÉXICO, enero 6 (EL UNIVERSAL).- Aunque en noviembre pasado 89.9% de los votos ?equivalentes a 956 mil personas? le dieron el "sí" a la construcción del Tren Maya, en una consulta sobre 10 proyectos prioritarios del gobierno federal, representantes de organismos ecologistas coinciden en que su construcción es una decisión apresurada.
A decir de los especialistas, tampoco es suficiente el banderazo simbólico que el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a la obra a través un ritual indígena con 12 comunidades de Chiapas, para pedir permiso a la madre Tierra.
Entrevistados por EL UNIVERSAL, representantes de organismos ecologistas coinciden en que cualquier decisión requeriría primero de estudios exhaustivos y consultas apegadas a la legislación nacional e internacional, como el Acuerdo de Escazú, firmado en 2018 por México; este establece la participación pública y el acceso a la información en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe.
"Es importante [el Acuerdo de Escazú] porque de alguna manera resume parte de lo que pedimos, que es el acceso a la justicia y la información, así como participar en la toma de decisiones ambientales (...) embona mucho con el tema del Tren Maya", explica Gustavo Alanís, director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).
Salvo mapas e información general, previo a la consulta sobre proyectos prioritarios, no se dieron a conocer mayores detalles del megaproyecto. No se supo de datos científicos, ni del impacto social y ambiental que tendría la obra.
"Así como ha hecho declaraciones de que prohibirá el fracking y los transgénicos, hacemos un llamado a López Obrador y sus asesores a empezar bien con este tipo de planes, cuidar que no se violen derechos humanos, indígenas y legislaciones en materia ambiental", abunda la asesora jurídica de Greenpeace México, María Colín.
"Hasta que no se materialice como proyecto ejecutivo y se hagan las consultas y estudios pertinentes, cualquier cosa que se diga es irresponsable", afirmó, por su parte, Alejandro Olivera, representante del Centro para la Diversidad Biológica en México.
De acuerdo con los expertos, se requiere un proyecto ejecutivo (estudios técnicos, ruta, inversión y calendario), así como la Manifestación de Impacto Ambiental, basada en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y Ordenamientos Ecológicos del Territorio. Una vez con ellos y la difusión de informes ?traducidos a la lengua de las etnias?, podrían...
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