Carta íntegra de HRW al Congreso
MÉXICO, D.F., noviembre 9 (EL UNIVERSAL).- La organización internacional Human Rights Watch envió una carta a los legisladores para solicitarles que modifiquen la propuesta para reformar el fuero militar, pues asegura que como está planteada mantendría la impunidad en torno a los abusos y delitos cometidos por el Ejército.A continuación el texto:Washington, DC., 9 de noviembre de 2010 Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente del Senado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Cámara de Diputados Asunto: La reforma legislativa del Código de Justicia Militar De mi mayor consideración: Tengo el honor de dirigirme a V.E. con el fin de expresar nuestra profunda preocupación por el alcance de la reforma legislativa del Código de Justicia Militar propuesta por el Presidente Felipe Calderón, que actualmente está siendo analizada por el Senado y la Cámara de Diputados. La propuesta permitiría que tres tipos de violaciones de derechos humanos -la desaparición forzada, la violación sexual y la tortura- estén sujetas a la jurisdicción penal ordinaria, mientras que la investigación y el juzgamiento de otros abusos graves continuarían estando a cargo del sistema de justicia militar. Si bien la remisión de algunos casos de violaciones de derechos humanos de la justicia militar a la justicia penal ordinaria constituye un paso en la dirección correcta, la reforma propuesta no servirá para poner fin a la impunidad de la mayoría de los abusos cometidos por militares y, por consiguiente, debería ser modificada por el Congreso.Human Rights Watch ha demostrado en reiteradas oportunidades que el sistema de justicia militar de México carece de la independencia e imparcialidad necesarias para ofrecer un recurso efectivo en aquellos casos en que se acusa a militares de violar los derechos de civiles y que este sistema perpetúa la impunidad de los militares responsables de abusos. Al garantizar que la investigación de abusos sumamente graves contra civiles -como ejecuciones extrajudiciales, abuso sexual y trato cruel y degradante, que constituyen la mayoría de las denuncias- continúe estando a cargo del sistema de justicia militar, la reforma propuesta no responde adecuadamente a este problema. La reforma también reconocería a la Policía Ministerial Militar una amplia discrecionalidad para determinar qué incidentes se encuadran en la categoría de desaparición forzada, violación sexual o tortura y podría instar a las autoridades a imputar a los soldados delitos de menor gravedad para asegurar que un caso tramite ante la jurisdicción militar. Esto resulta sumamente preocupante si se tiene en cuenta que en el pasado las autoridades militares han acusado habitualmente a soldados de la comisión de delitos menos graves. Por último, nos preocupa que la ambigüedad de la restricción temporal propuesta para juzgar casos de desaparición forzada suponga un incumplimiento de las obligaciones jurídicas internacionales de derechos humanos asumidas por México.El sistema de justicia militar carece de independencia e imparcialidad y ha impulsado sistemáticamente investigaciones deficientes.Las investigaciones de Human Rights Watch -incluido su informe de 2009, Impunidad Uniformada-[i] han demostrado que el sistema de justicia militar de México carece de la independencia e imparcialidad necesarias para ofrecer un recurso efectivo a las víctimas de abusos, a través de la investigación y el juzgamiento de los militares que cometen violaciones de derechos humanos. El Secretario de la Defensa detenta a la vez poderes ejecutivos y judiciales sobre las Fuerzas Armadas, y los jueces militares no gozan de inamovilidad en sus cargo. El control civil de las decisiones adoptadas por los tribunales militares es sumamente limitado, y prácticamente no existe ningún escrutinio público de las investigaciones y los juicios militares. A su vez, las víctimas y sus familiares no tienen la posibilidad de cuestionar aspectos básicos del proceso, como qué sistema de justicia debería resultar competente para investigar violaciones de derechos humanos.Estas fallas estructurales se han traducido en una impunidad casi absoluta de los abusos del Ejército. Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), desde 2007 hasta mediados de 2010 se recibieron más de 4.200 denuncias efectuadas por civiles sobre violaciones de derechos humanos perpetradas por miembros del Ejército.[ii] De acuerdo con datos proporcionados por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la justicia militar condenó a un sólo...
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