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El Ciudadano

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Vincent

(Embargada para sitios en internet hasta las 24 horas locales)La reforma de la justiciaJoel OrtegaEL UNIVERSALLlevamos tiempo en la Ciudad de México hablando sobre la inseguridad y los problemas que esta genera a todos los que la habitamos. Usualmente las pláticas de los ciudadanos es sobre la delincuencia y la capacidad de las policías para resolver el problema.En rara ocasión se toca el problema de la seguridad de manera integral. La gente debe saber que para avanzar en el tema no hay reforma en curso en el legislativo que vea en cada fase del proceso las responsabilidades de las instituciones involucradas: la policía, los ministerios públicos, los jueces y los centros penitenciarios.Todos forman una cadena de responsabilidades en donde con mayor o menor medida se incide en el manejo de problema delictivo. Y cuando estas instancias no se coordinan de manera adecuada se puede generar un ascenso en el índice delictivo. Aunque también una política criminológica ausente o equivocada puede llevar a la formación de zonas criminógenas formadas por personas que entran y salen de los reclusorios sin control y se dedican a actividades delictivas en una área especifica.Por ejemplo, durante un tiempo se consideraron como lo más innovador las políticas de cero tolerancia implementadas por R. Giuliani en Nueva York donde se sancionaba cualquier ilícito con penas corporales. Al implementarse esa política en la ciudad sin un esquema de penas conmutativas, no solo tiene sobre saturados los penales, sino se ha abusado en las preliberaciones y el agotamiento del modelo está a la vista.En este orden de ideas, no obstante que en México el reclamo es sobre incrementar la seguridad pública, las reformas legislativas federales han caminado a crear un sistema garantista para los presuntos responsables y obviamente esta concepción sobre la justicia ha empezado a tener repercusiones hacia los estados, principalmente en la implementación de los juicios orales.Queda obvio que existe un rechazo justificado de quienes terminan presentados en algún momento ante el Ministerio Público y que el incumplimiento del debido proceso puede llevar a un exceso en la actuación de las autoridades encargadas de la justicia frente a los detenidos y a violaciones a los derechos humanos.Pero los datos sobre la eficiencia en las puestas a disposición de presuntos delincuentes no dejan espacio para la imaginación: de cada 100 detenidos que las policías ponen a disposición del Ministerio...

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