CNDH: Aguirre no resarció a víctimas
Liliana Alcántara
CHILPANCINGO, Gro., febrero 16 (EL UNIVERSAL).- Desde hace tres años, el gobierno del estado de Guerrero mantiene en la impunidad los hechos violentos ocurridos el 12 de diciembre de 2011, en la Autopista del Sol, que derivaron en la muerte de dos estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y del trabajador de una gasolinera, además de 50 personas lesionadas, la detención ilegal de 27, una víctima de tortura y 16 más que recibieron tratos crueles, inhumanos o degradantes.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) documentó que lejos de establecer una sanción ejemplar en materia penal y administrativa, algunos agentes estatales involucrados en los hechos fueron incluso ascendidos.
Además, la demanda de juicio político que el organismo solicitó contra los entonces titulares de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, Alberto López Rosas y de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Ramón Almonte Borja, no ha sido resuelta por el Congreso local, según consta en el expediente del caso actualizado hasta enero de 2015, al que tuvo acceso EL UNIVERSAL.
López Rosas fue separado en ese entonces de su cargo, pero no fue inhabilitado, ya que después se desempeñó como secretario del Trabajo en la entidad, pese a que, como lo informó este diario el 8 de febrero pasado, había reprobado sus exámenes de control y confianza.
La violencia contra normalistas
El 12 de diciembre de 2011, 300 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos mantenían un bloqueo en el punto conocido como El Parador del Marqués, en las inmediaciones de la Autopista del Sol, a la salida de Chilpancingo, para protestar contra el gobierno estatal por el incumplimiento de sus demandas económicas y educativas.
Para liberar la autopista intervinieron 168 policías: 71 eran de la entonces Secretaría de Seguridad Pública federal, 63 elementos de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia y 34 de la Policía Estatal Preventiva. De ellos, 91 portaban armas de fuego. Los manifestantes, ninguna.
En el violento desalojo fallecieron los estudiantes Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino, además de Gonzalo Miguel Rivas, trabajador de la gasolinera Eva, que en medio de la gresca se incendió por la explosión de una bomba de gasolina.
A raíz del incidente, la CNDH confirmó que los uniformados aplicaron uso excesivo de la fuerza y actuaron sin la debida coordinación; a su vez...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba