Dan 2 años de prisión preventiva justificada a exgobernador de QR

CANCÚN, QR., mayo 14 (EL UNIVERSAL).- El exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, fue vinculado a proceso por un juez de control, quien le dictó además dos años de prisión preventiva justificada, en tanto concluye el juicio y se dicta sentencia por los delitos de aprovechamiento ilícito del poder y desempeño irregular de la función pública, dentro de la carpeta de investigación del caso de la transportadora aérea VipSaesa, el primero de tres expedientes que se le siguen en el ámbito local.

La resolución del juez se dictó esta madrugada, luego de una maratónica audiencia, realizada ante un juez de control en Chetumal, capital del estado, la cual se realizó vía teleconferencia, desde la prisión de Morelos, a las 14:00 horas de ayer lunes y concluyó pasadas las 3 de la mañana de hoy martes.

La defensa de Borge, encabezada por el abogado Guillermo Barradas y apoyada por tres litigantes más, tenía la opción de solicitar la ampliación del término constitucional para que se decidiera su situación legal, pero optó -por orden del ex mandatario que así lo exigió- de renunciar a dicha alternativa, a fin de que la deliberación se tomase en esta audiencia, razón por la cual ésta se prolongó durante más de 12 horas, con dos recesos; uno de ellos, solicitado por el ex gobernador, para revisión médica.

"El reporte que me pasaron los fiscales que estuvieron en la audiencia, es que el imputado solicitó que todo termine ya, que prescribiera todo hoy y ya estuvo, que lo dejaran libre. Él, todavía prepotente", narró la titular de la Fiscalía Especial Anticorrupción del estado, Rosaura Villanueva Arzápalo, en entrevista con EL UNIVERSAL.

Los alegatos de Borge, quien lucía delgado y altivo, conforme a la descripción hecha por los fiscales, se centraron en que el delito contenido en la carpeta 151/ 2017, por el caso VIPSaesa, había prescrito, que las imputaciones hechas no se encontraban dentro de la petición de extradición hecha al gobierno de Panamá y que el ex mandatario era inocente.

"Querían hacer valer la prescripción del ejercicio de la acción penal, pues en algunos imputados la autoridad federal ha determinado la prescripción y en otros no; nosotros debatimos que de acuerdo con el artículo 162 de la Constitución local, vigente en esa fecha, hasta septiembre de 2017, establecía que el gobernador sólo se podía acusar por traición a la patria y delitos graves del orden común durante el tiempo...

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