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El delito de defender la tierra

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Daniela Rea, Majo Siscar, Lydiette Carrión y Aranzazú Ayala

PUEBLA, Pue., agosto 12 (EL UNIVERSAL).- Quien quiera saber cuánto cuesta defender los derechos humanos ante el gobierno y una empresa transnacional que vaya y le pregunte a Juan Carlos Flores. Este abogado pasó nueve meses y medio encarcelado por representar al Frente de Pueblos en Defensa del Agua y la Tierra (FPDAT), que agrupa a comunidades originarias de Morelos, Puebla y Tlaxcala que se oponen a la construcción del gasoducto Morelos, cuyo trazo atraviesa un área de alto riesgo en las faldas del volcán Popocatépetl.

Flores fue capturado el 7 de abril de 2014 en la puerta principal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Puebla, cuando salía de presentar una queja por la detención arbitraria, un día antes, de Enedina Rosas Vélez, comisariada ejidal de San Felipe Xonacayucan, en el municipio de Atlixco. Entonces el sistema penal no contemplaba la presunción de inocencia. Flores fue acusado y preso por motín, despojo y extorsión, hasta que un juez federal consideró que no había claridad de que hubiese participado en los delitos que se le imputaban.

La acusación por la que fue detenido se remontaba a 2012, cuando el pueblo de Acuexcomac cerró 10 pozos comunitarios que dan agua a la ciudad de Puebla en protesta por el desabastecimiento de las zonas rurales y dónde el abogado ni siquiera estuvo presente, según constató la justicia. La detención de Enedina Rosas también llegó de sorpresa. En testimonio recabado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, Rosas cuenta que por más que preguntaba los motivos, no le respondieron hasta que estuvo en la cárcel: "Llegó la licenciada y ya me dijo que porque me opuse al paso del Gasoducto Cuautla-Morelos y que le había yo robado celulares al trabajador".

Rosas estuvo presa 11 meses, seis entre rejas y cinco en prisión domiciliaria debido a una enfermedad pulmonar crónica. Finalmente, el 25 de marzo de 2015 quedó en libertad sin cargos. Contra Juan Carlos Flores, en cambio, se mantiene una causa penal por privación ilegal de la libertad de empleados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la empresa pública de energía eléctrica. "Todas las órdenes de aprehensión se basan en testimonios de trabajadores de CFE o de la empresa constructora. Los amparos que interpusimos en contra de las detenciones fueron anulados. Eso nos deja indefensos, con posibilidad de ser detenidos en cualquier momento", explica ahora el abogado.

El...

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