Denuncian impunidad total en casos de tortura
CIUDAD DE MÉXICO, febrero 16 (EL UNIVERSAL).- Como absoluta fue descrita la impunidad en casos de tortura, en las audiencias públicas sobre la Ley General en Materia de Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, en el Senado, donde se plantearon propuestas de que estas denuncias sean investigadas por una fiscalía autónoma.
El director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, José Antonio Guevara Bermúdez, informó que a una solicitud de información, la PGR reportó que entre el primero de diciembre de 2006 y 31 de diciembre de 2014 recibió cuatro mil 55 denuncias por tortura.
De ese paquete, mil 273 denuncias de tortura son imputables a las fuerzas armadas, a la vez de que por otras mil 884 se abrieron averiguaciones previas, y de ese grupo sólo se consignó a once personas, y en cinco casos hay sentencias condenatorias que no es posible conocerlas, dijo Guevara Bermúdez.
La impunidad en la práctica de la tortura es de hecho absoluta, y para perseguirla con eficacia se debe crear una fiscalía independiente, cuyo titular sea nombrado en un procedimiento que incluya al Senado, plantearon organizaciones de la sociedad civil en la audiencia pública sobre el proyecto de legislación en la materia.
Bajo la conducción de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Angélica de la Peña Gómez, se llevaron a cabo diálogos entre especialistas, autoridades y organizaciones sociales, en los que también se propuso que se cuide no caer en el populismo penal, de fijar penas altas a la comisión de delitos, sin cuidar que se cumpla la ley.
Los ponentes comentaron aspectos de dos iniciativas del Ejecutivo federal y de la senadora Angélica de la Peña Gómez, y se presentaron advertencias de que las mejores reformas que se planteen irán al fracaso si antes no se reconstituyen las instituciones que deben aplicar la norma.
Julio Hernández Barrios, comisionado de la Comisión de Atención a Víctimas, planteó que la tortura es una de las prácticas más perversas que el ser humano puede tener, porque parte de la desigualdad, del abuso de poder, de la vulneración de los derechos y del daño a la dignidad del torturado.
Miguel Sarré Iguíniz, investigador del ITAM en la materia, dijo que la legislación en materia de tortura es parte de un cambio que incluye el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Nacional de Ejecución Penal.
El Código, señaló, obliga a todos los servidores públicos a denunciar...
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