Desafuero, arma política vigente
Suzzete Alcántara
CIUDAD DE MÉXICO, mayo 9 (EL UNIVERSAL).- La figura del desafuero se ha desvirtuado por cuestiones políticas, ya que el fuero constitucional fue concebido para proteger a los legisladores y puedan expresarse sin represalias. La herramienta jurídica no intenta salvarlos de cuestiones jurídicas ni para contribuir a la impunidad, opinan politólogos.
Actualmente la Cámara de Diputados debate el caso de Lucero Sánchez, legisladora local del Congreso de Sinaloa, a quien se vincula con Joaquín El Chapo Guzmán. El proceso para su eventual desafuero está en curso.
Especialistas consultados por EL UNIVERSAL coinciden en que hasta ahora en México los desafueros no han procedido por un nexo con el narcotráfico, sino por el mal uso de recursos públicos o por intereses políticos. Además, explican, en ningún artículo de la Constitución se señala que el fuero sea un impedimento para investigar a algún funcionario por cometer presuntamente un delito.
El politólogo y maestro en Sociología Política por la Universidad Iberoamericana, José Antonio Crespo, detalló que el fuero constitucional servía anteriormente para proteger a los funcionarios que dieran su opinión, no a los que cometieran delitos. Servía, asegura, para evitar una persecución en contra de quien pensara diferente que el gobernante en turno, por lo que el investigador califica como una aberración llevar a cabo el desafuero de alguien para poder juzgarlo por un delito.
En automático, la ley tendría que capturar a una persona si hay elementos legales que comprueben que incurrió en un delito. El Congreso no tendría por qué decir sí o no al desafuero. Lo cierto es que en las pocas veces que se ha aplicado ha sido por cuestiones políticas, como el caso de Andrés Manuel López Obrador, dijo.
La Cámara Baja ha desarrollado siete procesos de desafuero, los tres primeros en contra de tres diputados federales priístas el 1 y 2 de febrero de 1945: Carlos Madrazo, Sacramento Joffre y Pedro Téllez Vargas, acusados de traficar con tarjetas para la contratación de braceros en Estados Unidos.
El cuarto desafuero fue contra el senador por Sonora, Jorge Díaz Serrano (PRI), el 30 julio de 1983, señalado de cometer ilícitos en la adquisición con sobreprecio de dos barcos buque tanques cuando era director de Pemex, un fraude equivalente a 5 mil 100 millones de pesos.
El quinto caso fue el del diputado local, René Bejarano Martínez (PRD), el 5 de noviembre de 2004, por cargos de promoción de...
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