En deuda por desapariciones forzadas

Liliana Alcántara

MÉXICO, D.F., febrero 1 (EL UNIVERSAL).- El Estado mexicano tiene una deuda con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los familiares y las víctimas de desaparición forzada.

Desde hace cuatro años el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas recomendó a México que aprobara una Ley General sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias y no lo ha hecho.

Además, desde el 2008 se negó a aceptar la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas, por lo que ningún mexicano puede denunciar ante este órgano internacional algún caso donde se compruebe la incompetencia de las autoridades por resolver una desaparición forzada.

Ante su incumplimiento, representantes del Estado mexicano deberán responder mañana al ser evaluados por primera vez por el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, en Ginebra, Suiza.

Familiares de víctimas y organizaciones civiles de derechos humanos consideran que de haber tenido dicha ley y el reconocimiento del referido Comité, sería otra la historia de los padres de familia en busca de sus 43 hijos normalistas de Ayotzinapa y de los otros 23 mil mexicanos que también esperan a sus seres queridos.

La Ley General incluiría, entre otros preceptos, los mecanismos de búsqueda en cada uno de los estados del país, el establecimiento de un registro nacional de personas desaparecidas, la declaración de ausencia de una persona para que los familiares puedan hacer trámites sin tener que reconocer —como sucede ahora— la muerte presunta de su pariente, asegurar la plena protección y apoyo de los familiares, garantizar la reparación integral del daño y establecer las penas para funcionarios y particulares que cometan este delito.

Agustín Lara Monroy, director del Programa de Presuntos Desaparecidos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), considera que es impostergable la aprobación de dicha normativa, pues las deficiencias legislativas impiden que se pueda afrontar el problema de la manera más adecuada.

Perseo Quiroz, director de Amnistía Internacional en México, agrega que también se requiere una reforma al Código Penal Federal pues se debe reconocer como autores a los particulares que cometen una desaparición con aquiescencia de las autoridades.

Leticia Hidalgo, representante de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León, señaló que las acciones realizadas por el gobierno mexicano en la materia son muy pobres comparadas con el...

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