IFT acude a Corte contra la ley de remuneraciones

CIUDAD DE MÉXICO, enero 10 (EL UNIVERSAL).- El Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) resolvió interponer una controversia constitucional contra el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019 y diversas disposiciones relacionadas con las remuneraciones de los servidores públicos.

En un comunicado, el regulador explicó que esta decisión se tomó "por considerar que se vulnera la función regulatoria de este órgano, prevista en el artículo 28 de la Constitución.

"Con este recurso legal, el IFT busca garantizar el ejercicio eficaz y oportuno de sus competencias, su autonomía presupuestal en los términos establecidos en el artículo 28 de la Constitución y contar con los recursos mínimos que le permitan su operación, utilizando los mecanismos previstos por nuestra Constitución y con pleno respeto a las facultades de los demás órganos y Poderes de la Unión", señaló.

Jorge Fernando Negrete, director de MediaTelecom Policy and Law, advirtió que la controversia es necesaria, legítima y tiene posibilidades de ganarse.

Sin embargo, el IFT tuvo oportunidad de defender al organismo con anticipación y dignidad, puntualizó.

"El momento procesal oportuno para defender esto era en la Cámara de Diputados y mandaron a Mario Fócil, titular de la Unidad de Administración, a defender el tema del presupuesto y debieron haber ido los comisionados, el comisionado Presidente y no fue".

La justificación de Fócil fue que el IFT recauda mucho y por eso tenía derecho a un presupuesto legítimo a lo que un legislador respondió que el regulador no tiene fines recaudatorios sino sociales, comentó el experto.

"Creo que hubo muchos errores, no fue el presidente en ese instante porque dijo tener una sesión de Pleno, no hubo sesión de Pleno, no tenían el Plan de Trabajo terminado, han sido una serie de errores".

En la propuesta de presupuesto, se solicitaron mil 780 millones de pesos para garantizar la operación del IFT; sin embargo, la Cámara de Diputados recortó 280 millones de pesos de ese monto, ante lo que el regulador reaccionó y expuso que se ponía "en grave riesgo el cumplimiento de las atribuciones y proyectos sustantivos para 2019".

Previo a interponer la controversia, el instituto señaló que se verían afectadas funciones como "el promover el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones y la radiodifusión; la promoción, supervisión y regulación del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la...

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