Justicia penal. Autores defienden su reforma

Horacio Jiménez, Suzzete Alcántara y Juan Arvizu

CIUDAD DE MÉXICO, julio 23 (EL UNIVERSAL).- Legisladores de la 63 Legislatura de las tres principales bancadas, PRI, PAN y PRD, así como quienes avalaron la miscelánea penal el año pasado coincidieron en que el nuevo sistema de justicia es una buena ley y negaron que la norma sea la culpable de la liberación de cientos de reos, como lo acusan algunos gobernadores y como alertó en su momento Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, sobre la posibilidad latente de que pudieran salir libres 4 mil presuntos delincuentes.

En cambio, responsabilizaron a los gobiernos locales y a los poderes judiciales, tanto a nivel federal como local, de no estar aplicando bien el nuevo modelo. Aseguraron que hace falta mucha más capacitación en los policías, ministerios públicos y también mejorar los criterios de los jueces y magistrados para evitar las liberaciones anticipadas.

Se dijeron receptivos a las críticas que se han vertido sobre el nuevo Sistema de Justicia Penal e informaron que hay un grupo de trabajo de todas las fuerzas políticas, junto con representantes de gobiernos locales, así como del Poder Judicial, para modificar esta norma.

Los diputados consultados informaron que, de entrada, a partir de septiembre, cuando inicie el periodo ordinario, se buscará crear un nuevo catálogo de delitos graves para que, por ejemplo, se aplique la prisión preventiva oficiosa por la portación de armas exclusivas de las Fuerzas Armadas, así como para los huachicoleros, es decir, para quien sustraiga y comercialice combustible robado.

César Camacho Quiroz, ex presidente de la Comisión de Justicia; Raymundo Cárdenas (PRD), ex presidente de la comisión de Puntos Constitucionales, y Pilar Ortega Martínez, entonces vicecoordinadora jurídica de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en San Lázaro, aceptan que el sistema penal es perfectible y se aprestan a abrir debates sobre el tema, pero también piden evaluaciones a la aplicación del modelo por parte de los operadores: policías, Ministerio Público y jueces.

El actual coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, César Camacho, dice que el Estado de ninguna manera debe dar marcha atrás, darse por derrotado, y considera ampliar el catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa como un despropósito.

Se requiere, dice, de más recursos y capacitación a los operadores del sistema para que éste rinda los...

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