Lucha de 18 años por pensión de 3 mdp para su hijo

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 7 (EL UNIVERSAL).- Una madre soltera ha luchado durante más de 18 años, para que un prominente empresario regiomontano reconozca la paternidad de su hijo biológico y cumpla con el pago de la pensión alimenticia que, por resolución judicial, desde 2013 está obligado a pagar, con el retroactivo correspondiente que rebasa los 3 millones de pesos.

Sin embargo, la quejosa, María Josefina Ramírez García, refiere que con base en argucias de abogados, Ricardo González Cantú, dueño de la empacadora Alimentos Santa Isabel y de otras propiedades en México y Estados Unidos, ha logrado burlar la acción de la justicia, al simular insolvencia económica, donando la totalidad de sus bienes a familiares.

Tan sólo para lograr que su hijo, Ricardo González Ramírez —quien cumplirá 19 años el 8 de mayo—, pudiera ser registrado con el apellido de su padre biológico, María Josefina tuvo que bregar durante 15 años en juzgados civiles y del ámbito penal, pues al presentar la demanda para el reconocimiento de paternidad, el empresario la acusó de difamación, aunque pronto abandonó esa vía para “defenderse”, porque tendría que someterse a pruebas de ADN, a las cuales no accedió, porque se amparó.

María Josefina presentó el 15 de diciembre de 2010, ante el juzgado Décimo Tercero del Juicio Oral Familiar, una demanda de alimentos, condenándose a González Cantú dentro del expediente 846/2010, al pago de una pensión mensual provisional de 10 mil 463.40 pesos, a partir del 2 de febrero de 2011.

El 10 de febrero de 2011, González Cantú señaló en escrito ante el juzgado, la “imposibilidad” de cumplir, argumentando que percibía un salario mensual de 6 mil pesos, y que por la crisis económica tuvo que enajenar todos sus bienes a través de compraventas o donaciones a su esposa y otros familiares.

Así, tras una serie de demandas y contrademandas, el 5 de julio de 2013, la Quinta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado condenó a González Cantú al pago de 3 millones 93 mil 438 pesos como retroactivo por las pensiones no cubiertas desde 1998.

Pero además debería cubrir una pensión mensual de 28 mil pesos, que iría aumentando conforme al salario mínimo, mientras subsista la obligación legal, que se prevé concluirá dentro de dos años, cuando el acreedor alimentista terminará sus estudios de licenciado en Negocios Internacionales por la UANL.

El empresario promovió un amparo directo mediante el cual logró que el retroactivo de la pensión...

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