México país de impunidad en violación a derechos
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MÉXICO, D.F., diciembre 9 (EL UNIVERSAL).- En México, es mínima la posibilidad de sancionar penal o administrativamente a un funcionario público por cometer una violación grave a los derechos humanos como tortura y desaparición forzada, aseguran organizaciones civiles de derechos humanos.
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción a los Derechos Humanos asegura que sólo una de cada cien violaciones graves a las garantías fundamentales que llegan al Ministerio Público obtiene sentencia, por lo que es prácticamente imposible que las víctimas accedan a la reparación del daño por la vía penal.
En tanto, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) obtenidos por EL UNIVERSAL, alrededor de 11% de las denuncias penales que presenta concluyen con una consignación. En 2013 el organismo presentó un total de 354 denuncias penales por violaciones a los derechos humanos en agravio a 143 mil 819 víctimas.
Del total de averiguaciones previas, 41 fueron consignadas. En cuanto al resto, 257 continúan en investigación, en 55 de los casos la Procuraduría de Justicia Militar se declaró incompetente y en un caso se determinó el no ejercicio de la acción penal.
El año pasado la CNDH concluyó 67 recomendaciones, de las cuales 9.95% derivaron en averiguaciones previas y 10.12% con procedimientos administrativos.
José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), destacó que, por ejemplo, en materia de desaparición forzada no hay ningún servidor público en prisión, lo que representa una licencia para que los servidores públicos puedan cometer este delito.
La impunidad de la que gozan sus perpetradores es la principal razón por la que se cometen hechos atroces como el ocurrido en Iguala con los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, comentó Vivanco a este diario.
Pese a ello, en el Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018, la única meta establecida por el gobierno federal en esta materia fue que para 2016, 40% de los servidores públicos señalados de violar derechos humanos serían objeto del inicio de un procedimiento administrativo, no penal.
Cumplimiento parcial
Javier Villanueva, miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), considera que la impunidad que pesa sobre las...
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