La militarización de la seguridad pública

Daniel Wilkinson

(Director ejecutivo adjunto para las Américas de Human Rights Watch)

EL UNIVERSALEste artículo es el primero de una serie producida por Human Rights Watch para EL UNIVERSAL evaluando el sexenio de Enrique Peña Nieto en derechos humanosUna de las preguntas más espinosas que enfrentará Andrés Manuel López Obrador como presidente de México es qué hacer con las Fuerzas Armadas. Por más de una década, las fuerzas militares mexicanas han estado abocadas a una "guerra contra las drogas" que ha tenido resultados desastrosos, no sólo en términos de derechos humanos y seguridad pública, sino además por su impacto corrosivo para el Estado de derecho. El problema, en pocas palabras, es que hay elementos de las fuerzas militares que están operando en gran parte de México sin mayor control efectivo de las autoridades civiles. La Ley de Seguridad Interior que fue aprobada el año pasado, si es implementada según su actual texto, sólo empeorará esta situación.

El presidente Enrique Peña Nieto heredó este desastre de su antecesor, Felipe Calderón Hinojosa, que a pocas semanas de asumir en 2006, envió de forma masiva a soldados mexicanos a enfrentarse con la delincuencia organizada en distintas regiones del país. En un primer momento, el despliegue de tropas se anunció como una medida temporaria para complementar la actuación de las fuerzas policiales civiles, que se veían superadas por poderosas y despiadadas organizaciones delictivas. Pero al término de ese sexenio, la presencia militar se había vuelto permanente en muchos sitios y las Fuerzas Armadas, en los hechos, reemplazaron a la policía, en vez de tan sólo darle apoyo.

El fundamento jurídico de la política de Calderón fue dudoso. El artículo 129 de la Constitución establece que "en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar". El gobierno de Calderón Hinojosa justificó el uso de las fuerzas militares citando una tesis de la Suprema Corte de 1996, que indicaba que los militares podían apoyar las actividades de seguridad pública cuando lo solicitaran las autoridades civiles. Pero esa tesis establecía un requisito clave: las Fuerzas Armadas debían desempeñar un papel "auxiliar", de apoyo a las fuerzas civiles, y en ningún caso podían reemplazarlas. Eso no fue lo que ocurrió.

Habría que tener en cuenta que la Ley de Seguridad Nacional de los tiempos de Vicente Fox pudo haber facilitado la omisión del mencionado requisito. En su definición de "amenaza a la seguridad nacional", dicha ley incluyó los "actos tendientes a obstaculizar o bloquear operaciones militares o navales contra la delincuencia organizada", lo cual permitió para algunos justificar la actuación de las Fuerzas Armadas en este ámbito. Sin embargo, esa es, en el mejor de los casos, una interpretación dudosa. Una reforma constitucional aprobada en...

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