El paso de guardia civil a rural no reduce el crimen
Dalia Martínez, corresponsal
MORELIA, Mich., diciembre 24 (EL UNIVERSAL).- A punto de cumplirse dos años del surgimiento de los primeros grupos armados de autodefensa en Michoacán, poco han cambiado las condiciones de violencia e inseguridad; los asesinatos, masacres y extorsiones siguen siendo una constante, pese a los esfuerzos del gobierno federal, que han requerido una inversión millonaria, sobre todo en la movilización de Fuerzas Armadas.
Para algunos de los fundadores de los grupos de autodefensa el problema con el narcotráfico escaló a raíz del derribo de la Torres Gemelas en Nueva York (11 de septiembre de 2001), porque después de eso las medidas de seguridad para entrar a Estados Unidos se volvieron extremas y no fue tan fácil introducir la droga.
Los dueños de este negocio se vieron obligados a mover la mercancía en el país, además de que tuvieron que diversificarse y encontrar otras formas de financiamiento, con el secuestro, la extorsión, los levantones, el cobro de derecho de piso, la explotación ilegal de minas, la trata de personas y los laboratorios de droga sintética, al tiempo que se volvieron sanguinarios.
En diciembre de 2006, apenas al tomar posesión de la presidencia Felipe Calderón declaró la guerra al crimen organizado, comenzando por Michoacán.
Así, el 11 de diciembre anunció el envío de tropas armadas de la Policía Federal, la Marina y el Ejército para ubicar y detener a los principales cabecillas del narcotráfico, que entonces pertenecían a los cárteles de Los Zetas y del Golfo, que habían roto la alianza con el entonces recién nacido grupo criminal llamado La Empresa.
Desde principios de 2002 había denuncias de la infiltración del crimen organizado, primero en los partidos políticos y después, señalado como el principal centro de operación, en la estructura de los órganos de seguridad estatal y del gobierno.
Pero fue hasta 2011, tras las elecciones federales y estatales, cuando grupos organizados de comerciantes, empresarios y el clero comenzaron a denunciar la injerencia del crimen organizado en la vida cotidiana.
Ese año, el priísta Fausto Vallejo arrebató la gubernatura al PRD, que se mantuvo en el poder una década.
Por motivos de salud, Vallejo dejó la gubernatura en tres ocasiones entre febrero de 2012 y junio de 2014, y quedó como gobernador interino el entonces secretario de Gobierno, Jesús Reyna.
Ambos políticos negaron que la violencia los hubiera rebasado y que la sociedad civil se estaba organizando...
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