Pese a críticas, diputados van contra factureros
Horacio Jiménez
CIUDAD DE MÉXICO, octubre 13 (EL UNIVERSAL).- A pesar de las voces que pedían detener su aprobación, sin hacerle una sola modificación, las comisiones de Hacienda y Justicia de la Cámara de Diputados tienen listo el predictamen para tipificar como delincuencia organizada la compra-venta de facturas falsas y la utilización de empresas fantasma, la cual se castigaría con prisión preventiva oficiosa.
A pesar de que el viernes todavía se desarrolló el parlamento abierto, donde juristas e integrantes de la iniciativa privada consideraron un "exceso" este dictamen y exigieron "frenar" su aprobación, las comisiones de Hacienda y Justicia ya distribuyeron el predictamen entre sus integrantes y se convocó para debatirlo, y en su caso aprobarlo, el próximo lunes en comisiones y el martes en el pleno de San Lázaro.
De acuerdo con una copia del predictamen en poder de EL UNIVERSAL, se establece que se impondrá sanción de dos a nueve años de prisión al que, por sí o por interpósita persona, expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales (facturas) que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
Además, será sancionado con las mismas penas al que a sabiendas permita o publique, a través de cualquier medio, anuncios para la adquisición o enajenación de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
Cuando el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones, será destituido del empleo e inhabilitado de uno a 10 años para desempeñar un cargo o comisión públicos, en adición a la agravante señalada en el artículo 97 de este código.
Este dictamen pretende modificar la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, al Código Fiscal de la Federación, la Ley de Seguridad Nacional y el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Una de las modificaciones más importantes que hizo el Senado de último momento fue que la defraudación fiscal ameritará prisión preventiva oficiosa únicamente cuando el monto de lo defraudado rebase los 7.8 millones.
Incluso cuando el valor de los comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados no supere dicho margen, el acusado podrá enfrentar el proceso penal en libertad, y en caso de demostrar su culpabilidad, tendrá una pena de dos años de prisión.
Otro punto polémico y por el cual los empresarios manifestaron su oposición es que en la Ley Federal contra la...
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