Presenta CRE estrategia para reducir contaminación

MÉXICO, D.F., diciembre 13 (EL UNIVERSAL).- La Comisión Reguladora de Energía (CRE) presentó a diputados federales una de las estrategias que el gobierno federal implementará con el objetivo de cumplir el mandato constitucional de reducir las emisiones contaminantes del país, los llamados Certificados de Energías Limpias (CEL).

La directora adjunta de Integración de Energías Limpias de la CRE, Norma Álvarez, explicó en reunión con la Comisión de Cambio Climático, que entre otras bondades, estos certificados ayudarán al país a alcanzar sus compromisos nacionales e internacionales sobre el empleo de energías sustentables, atraerán nuevas fuentes para el sector, y que también permitirán “descarbonizar” la economía.

Los CEL, estipulados en la Ley de la Industria Eléctrica, se definen como “el título emitido por la CRE que acredita la producción de un monto determinado de energía eléctrica a partir de fuentes limpias”, mismos que deberán adquirir los grandes consumidores y suministradores en atención a las nuevas políticas ambiental y energética del país.

El pasado 31 de marzo, la Secretaría de Energía (Sener) estipuló que 5% del consumo total de energía de los sujetos obligados deberá provenir de fuentes limpias, además de que los participantes podrán diferir el cumplimiento de este mandato hasta por dos años, siempre y cuando notifiquen a la Comisión Reguladora de Energía en los términos que se estipule.

El incumplimiento de las obligaciones generará sanciones de seis a 50 salarios mínimos por megavatio-hora (MWh) que no provenga de fuentes limpias. Norma Álvarez precisó que quienes cumplan con la ley podrán recibir ingresos extras de energía, lo cual estará sometido a un sistema de venta y compra de CEL y a la firma de Contratos de Cobertura Eléctrica que incluyan estos certificados.

Con la eventual puesta en marcha de la Ley de Transición Energética se complementa y fortalece el marco regulatorio del Sistema de Gestión de Certificados de la CRE, y provee un mecanismo de flexibilidad para que los sujetos obligados puedan diferir la liquidación del 50% de los CEL durante dos años.

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