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Profepa prevé fincar responsabilidades por caso Dragon Mart

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Vincent

CANCÚN, QR., enero 30 (EL UNIVERSAL).- El resultado del juicio de lesividad iniciado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en contra de actuaciones emprendidas en 2012 por su delegación en Quintana Roo, en el predio del megaproyecto "Dragon Mart Cancún", podría derivar en el inicio de procedimientos para fincar responsabilidades en contra de los ex funcionarios involucrados.

"Una vez que se resuelvan en definitiva los juicios de lesividad y como consecuencia de ello se tengan mayores elementos, se valorará la posibilidad de iniciar los procedimientos que en derecho correspondan, tendientes a determinar y fincar la probable responsabilidad de los ex servidores públicos que en su caso, se consideren como presuntos responsables", indicó hoy la Profepa a EL UNIVERSAL.

Previo a las multas por 22 millones de pesos, promedio, y la clausura impuesta el lunes pasado a "Dragon Mart Cancún", la Profepa promovió un juicio de lesividad para dejar sin efecto las resoluciones emitidas en 2012 por su delegación en Quintana Roo.

Estas dos resoluciones -en materia de impacto ambiental y forestal- derivan de las inspecciones hechas al predio de 561 hectáreas, conocido como "El Tucán", en donde se pretendía construir y operar el centro de exhibición y venta de productos diversos.

Ambas "resultan cuestionables desde el punto de vista jurídico y favorecían a la antigua propietaria del predio (Ana María Díaz de León Erosa de Castillo) donde se desarrolla el proyecto conocido como Dragon Mart Cancún", determinó la Profepa.

Por tanto, el 27 de mayo del 2014, la Dirección General de Delitos Federales contra el Ambiente y Litigio de la Procuraduría, presentó el juicio de lesividad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), al que demandan la declaratoria de nulidad de ambas actuaciones.

Un juicio de lesividad se promueve en contra de actos dictados por autoridades administrativas, aún cuando se encuentren a favor del particular, atendiendo al principio de seguridad jurídica y de legalidad que obliga a que todo acto de autoridad funde y motive la causa legal del procedimiento.

La Profepa confirmó que, si bien las demandas de lesividad no se dirigen en contra de funcionarios...

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