'Queremos la facultad de trasladar reos'
Manuel Espino
CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 22 (EL UNIVERSAL).- Si las autoridades penitenciarias estatales y federal tuvieran la facultad de decidir sobre los traslados de los presos, potestad que se les retiró en la nueva Ley de Ejecución Penal, los centros de reclusión del país serían menos vulnerables a motines, aseguró tajante el titular del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), José Alberto Rodríguez Calderón.
Ante la crisis de sobrepoblación y autogobierno en los centros de reclusión locales, el funcionario de la Comisión Nacional de Seguridad urgió a reformar esa norma, en vigor desde junio de 2016, para que el movimiento de internos dependa de las autoridades administrativas y no de los jueces, quienes, dijo, "desconocen" la vida penitenciaria del país.
"De tener nosotros la facultad de mover a los internos, podríamos ser menos vulnerables a los motines. Los titulares de los sistemas penitenciarios pueden detectar situaciones previas, en el momento podríamos mover a los cabecillas que están dirigiendo y, con ello, desactivar este tipo de acciones", señaló Rodríguez Calderón en entrevista con EL UNIVERSAL.
Anunció que a partir de enero pondrán en práctica 44 protocolos de actuación en todos los penales de México, entre los que destacan el de uso de la fuerza, manejo de motines y para evitar la evasión o fuga de reos, los cuales operarán formalmente hasta junio de 2018.
Ante ello, solicitó voluntad política a los gobiernos de los estados para implementar los mecanismos y con ello garantizar la integridad física de las personas privadas de la libertad.
"Si no avanzamos con voluntad política y con una decisión presupuestal de apoyar lo que estamos proponiendo, obviamente las condiciones de gobernabilidad en los centros penitenciarios irán a la baja", advirtió.
¿Cómo va el diseño de los protocolos de actuación en los penales, de acuerdo con la nueva Ley de Ejecución Penal?
?Con el apoyo de los 32 estados del país, hemos logrado tener en este momento 44 protocolos de actuación aprobados por todos los sistemas penitenciarios estatales y también por el federal. Significa que, a partir de junio de 2018, van a entrar en vigor y todos los estados tienen que aplicarlo. Esto implica derechos, pero también responsabilidades. Los sistemas penitenciarios que no cumplan con estos ordenamientos nacionales, serán inevitablemente responsables de sus actos o de sus omisiones.
Del 1 de enero al 17 de junio de...
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