“Rasuran” fiscalías de atención a periodistas

(Nota 16 del Tercer Presupuesto General; MATERIAL EXCLUSIVO PARA MEDIOS IMPRESOS. QUEDA PROHIBIDA SU PUBLICACIÓN EN INTERNET)

Horacio Jiménez y Francisco Nieto

MÉXICO, D.F., abril 10 (EL UNIVERSAL).- Por unanimidad, las Comisiones Unidas de Justicia, Derechos Humanos y Estudios Legislativos del Senado aprobaron los criterios con los que el Ministerio Público federal podrá atraer e investigar las agresiones a periodistas y medios de comunicación, pero dejaron fuera de la nueva norma la creación de una Fiscalía Especializada.

Esa fiscalía especial —prevista en los primeros proyectos de dictamen de las comisiones— tenía la facultad de investigar los delitos contra periodistas y fue rasurada a petición de la bancada del PRI, con el argumento de dejar que la Procuraduría General de la República (PGR) concluya con su reorganización interna.

El dictamen establece que el MP tendrá —por sí mismo— la facultad de atraer el caso cuando haya omisión de las autoridades locales o cuando participen servidores públicos a nivel estatal o municipal, o cuando la víctima o medio de comunicación lo soliciten.

Se prevé que este jueves sea aprobado el paquete de reformas secundarias al Código Federal de Procedimientos Penales, las leyes orgánicas del Poder Judicial de la Federación y de la PGR, así como el Código Penal Federal.

En este último, se establece que cuando se cometa un delito doloso en contra de algún periodista o instalación con la intención de limitar la libertad de expresión o de imprenta, se aumentará hasta en un tercio la pena establecida para tal delito o se incremente hasta en 50% cuando el agravio sea cometido por algún servidor público.

Al dictamen finalmente también se le retiró la posibilidad de crear Fiscalías Especiales a nivel estatal: “En la iniciativa que circuló inicialmente se preveía la creación en ley de la Fiscalía Especializada; sin embargo, por una solicitud y propuesta que hizo la bancada del PRI se sustituyó por un transitorio”.

De aprobarse este dictamen, el cual aún debe pasar por la Cámara de Diputados, se establece que un plazo de 180 días naturales el Ejecutivo federal deberá expedir las adecuaciones al Reglamento de la Ley Orgánica de la PGR, a efecto de crear una unidad administrativa que conozca de los delitos federales cometidos contra algún periodista, persona o instalación que atenten contra el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta.

En tanto se expiden las adecuaciones en la PGR, la actual...

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