Sale barato no dar información

Lilia Saúl

MÉXICO, D.F., febrero 17 (EL UNIVERSAL).- En más de una década de estar vigente la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, los funcionarios públicos han sido sancionados en sólo nueve ocasiones por negarse a entregar información, de acuerdo con datos proporcionados por el mismo Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI).

En diez años, de 2004 a 2014, el IFAI ordenó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) sanciones contra servidores públicos en al menos 77 ocasiones. En 68 casos no prosperaron las amonestaciones “por falta de elementos”.

De acuerdo con información pública otorgada a EL UNIVERSAL el pasado 15 de diciembre de 2014, con el número de folio 0673800194114, el IFAI respondió que no tiene la capacidad de sancionar a servidores públicos, pues la normatividad ordena que sea la Secretaría de la Función Pública (SFP) la que sancione a quien no entregue información.

“El IFAI no denuncia a servidores públicos en específico, sino que denuncia el acto de incumplimiento de la dependencia o entidad de que se trate y es la Secretaría de la Función Pública la que realiza la investigación correspondiente”, detalló en su respuesta el IFAI.

La información reveló que fue durante los sexenios panistas, y especialmente durante el gobierno del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, cuando se incrementó el número de negativas que concluyeron con una solicitud por parte del IFAI para que la Función Pública sancionara al funcionario en cuestión.

La principal dependencia del gobierno federal que encabeza la lista de funcionarios sancionados es la Procuraduría General de la República (PGR) durante los sexenios panistas, la cual acumuló 41 expedientes en su contra.

Una de las primeras solicitudes que provocaron la amonestación contra los funcionarios públicos fue en 2004, cuando la PGR a cargo del entonces procurador Rafael Macedo de la Concha, se negó a entregar datos estadísticos sobre testigos protegidos.

Pero la información que negó la PGR es diversa: el número de casas de seguridad; cuánto se gastan en manutención de testigos protegidos, fue información reservada. La averiguación previa derivada de los hechos ocurridos en “El Charco”, municipio de Ayutla, Guerrero, es información que aún sigue sin entregarse.

Otra averiguación previa relevante es la solicitada con relación al conflicto entre la Comisión Federal Electoral, Televisa y Producciones Ruiz Healy.

En ese primer año de sanciones...

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