San Fernando: el expediente abierto
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Liliana Alcántara
MÉXICO, D.F., agosto 24 (EL UNIVERSAL).- El 10 de agosto de 2010, una familia emprendió un viaje sin regreso. No estaba planeado de esta manera. Se supondría que llegarían a Estados Unidos a través de México, agotados, sin dinero, con el alma en un hilo, pero con un futuro más o menos prometedor.
El papá, sus dos hijos, una sobrina y un cuñado fueron cinco de las 72 víctimas cuyos cuerpos aparecieron en un lote baldío en San Fernando, Tamaulipas, en un hecho que hasta ahora se presume fue autoría del crimen organizado, de Los Zetas. La escena se hizo pública el 25 de agosto de 2010.
Ángela Lacán, esposa y mamá de dos de los jóvenes que regresaron muertos a Guatemala dice, a cuatro años de distancia, que ha sido un proceso muy difícil, come y duerme poco, su sonrisa se extravió, ha cambiado de domicilio por constantes llamadas de extorsión.
Vive en la misma pobreza extrema que impulsó a sus seres queridos a querer emigrar de Sipacapa, su comunidad. Reclama que se ha quedado desamparada, sin su familia, y sin apoyo de su gobierno ni del mexicano.
En San Fernando murieron 25 hondureños, 14 salvadoreños, 13 guatemaltecos, cinco ecuatorianos, tres brasileños, un indú y 11 restos siguen sin identificar.
La recomendación número 80/2013 que emitió hace ocho meses la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) fue aceptada por la Procuraduría General de la República (PGR) pero, según un informe de 2013 del propio organismo, aún no se cuenta con pruebas de que dicha dependencia le esté dando cumplimiento.
Organizaciones civiles exigen esclarecer los hechos, castigar a los responsables y se establezcan medidas que garanticen la no repetición, pues aseguraron que los migrantes siguen expuestos a secuestros y homicidios.
Sigue en la impunidad
Marta Sánchez, coordinadora ejecutiva del Movimiento del Migrante Mesoamericano, consideró que este caso sigue en la impunidad, que las diligencias no se realizaron con el debido cuidado y que hay cientos de cuerpos de migrantes víctimas del crimen organizado en su tránsito por el país que no han sido identificados, y que corren el riesgo de ser llevados a fosas comunes.
Samuel Kenny, coordinador de incidencia de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derechos Humanos, informó que apenas el pasado 23 y 24 de julio, los cadáveres de 11 migrantes asesinados y sepultados en fosas...
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