Tortura y verdad histórica, lecciones de un sexenio perdido
Daniel Wilkinson
(Director ejecutivo adjunto para las Américas de Human Rights Watch)
EL UNIVERSALEste es el tercer artículo de la serie Lecciones de un sexenio perdido, producida por Human Rights Watch para El UNIVERSAL con el propósito de evaluar la gestión de Enrique Peña Nieto en derechos humanos.
En marzo de 2015, a dos años de iniciada la presidencia de Enrique Peña Nieto, el experto en derechos humanos de la ONU, Juan Méndez, observó que la tortura era "generalizada" en México. El gobierno respondió atacando a Méndez. El entonces secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, lo calificó de "irresponsable y poco ético" por haber formulado una acusación "que no pudo justificar". Lo sorprendente de este ataque ad hominem fue que la afirmación del experto de la ONU, aunque profundamente preocupante, no tuvo nada de extraordinaria. Muy pocos mexicanos debieron haberse sorprendido en lo más mínimo ante su observación sobre la tortura en el país.
El gobierno intentó justificar su feroz ataque a Méndez alegando que su informe citaba únicamente 14 casos específicos de presuntas torturas. Es posible que si se hubieran agregado más casos concretos para complementar los datos cuantitativos y la valiosa información que incluía el informe, los hallazgos habrían sido aún más convincentes, si es que alguien todavía necesitaba algún convencimiento. Lo cierto es que, como lo sabía perfectamente el gobierno de Peña Nieto, sí había pruebas abundantes que avalaban la conclusión del experto de la ONU.
En 2011, un año antes que asumiera Peña Nieto, Human Rights Watch (HRW) publicó un informe que analizaba en profundidad abusos perpetrados por las fuerzas de seguridad mexicanas. El documento recibió amplia difusión en los medios, e incluso ocupó los titulares de los periódicos de mayor circulación del país. Documentamos el uso sistemático de la tortura en más de 170 casos. Las técnicas documentadas eran diversas, e incluían golpizas, descargas eléctricas, asfixia, amenazas de muerte y agresiones sexuales. Los torturadores también eran actores diversos: policías federales, estatales y municipales; soldados y marinos, y agentes del Ministerio Público federal y de los estados.
Estos fueron sólo los casos que un investigador de nuestra organización pudo documentar haciendo trabajo de campo en apenas cinco estados. En 2013 y 2014, la Procuraduría General de la República (PGR) recibió casi 2 mil reportes de tortura, mientras que comisiones de derechos humanos estatales recibieron más de 6 mil denuncias sobre tortura o tratos inhumanos. Es imposible saber cuántas de esas denuncias eran fundadas, pues la mayoría nunca se investigó adecuadamente. Con...
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