Trata de mujeres, estigma de Tlaxcala

Justino MirandaCIUDAD DE MÉXICO, agosto 14 (EL UNIVERSAL).- El estigma que carga Tlaxcala como la entidad donde anida la trata de mujeres creció en el sexenio anterior (2011-2017) con la petición para activar la Alerta de Violencia de Género (AVG) por la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, única solicitud en el país en ese género.

Este pequeño estado de la República tiene 13 de los 60 municipios donde se desarrolla la trata de mujeres y de donde salieron algunos hombres que han sido detenidos en Estados Unidos por ser parte de redes internacionales, de acuerdo con la organización "Todos para todos", impulsora de la alerta.

El sello de trata se acentuó en agosto de 2016 cuando organizaciones civiles pidieron activar la AVG y en noviembre de ese año el gobernador en turno, Mariano González Zarur, aceptó las recomendaciones emitidas por el grupo de trabajo de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), así como el lapso de seis meses para atender y cumplir con las recomendaciones. El plazo se cumplió el 24 de mayo, pero fue hasta hace unos días cuando la dependencia federal emitió su resolución.

González Zarur se fue en diciembre y heredó la "prealerta" a Marco Mena Rodríguez, cuya administración trabajó a marchas forzadas para cumplir con las recomendaciones e inhibir la activación de la alerta. El pasado 5 de agosto, Tlaxcala evitó la declaratoria del órgano de la Secretaría de Gobernación, al considerar que la administración realizó acciones suficientes para comenzar a revertir las condiciones de violencia contra las mujeres.

Sin embargo, el Centro Fray Julián Garcés, organismo religioso que documenta casos de trata en el estado, consideró lo contrario y en su informe rendido el 24 de mayo ?el día que venció el plazo en que la Conavim emitiría la alerta?, manifestó que las acciones de esta administración "no tienen la contundencia necesaria para enfrentar el delito", y acusó una política de simulación.

En una investigación de campo el organismo documentó que las víctimas de trata se inhiben para denunciar porque en los últimos años fueron detenidos policías municipales o funcionarios vinculados con el delito de trata de mujeres. "Eso provoca desconfianza en las autoridades", dice en su informe.

Refiere que en los primeros cuatro meses de gobierno de Marco Mena Rodríguez y en los últimos dos de su antecesor, Mariano González Zarur, de 200 denuncias que se presentaron por...

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