Urgen a reformar seguridad y justicia
Manuel Espino
CIUDAD DE MÉXICO, octubre 26 (EL UNIERSAL).- La impunidad, la corrupción, las deficiencias operativas en las procuradurías, la ausencia de imparcialidad y las violaciones a los derechos humanos sumieron a los sistemas de seguridad pública y procuración de justicia del país en una "grave crisis".
Son los resultados de la Consulta Nacional sobre el Modelo de Procuración de Justicia realizada por la UNAM, Inacipe, CIDE y Conacyt ante la propuesta del ex procurador General de la República, Raúl Cervantes, el 15 de febrero de este año ante el Senado de la República y la Cámara de Diputados. En ese momento se propuso hacer un ejercicio académico y se convocó a foros y mesas de debate con expertos, universidades, instituciones académicas, tribunales, procuradurías, fiscalías, comisiones de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil con base en diagnósticos y estudios previos sobre el modelo de procuración de justicia.
En las conclusiones se asegura que "los sistemas de seguridad pública y procuración de justicia enfrentan una grave crisis". Se exhiben además problemas en la transición hacia el nuevo modelo de justicia penal acusatorio, la falta de una política criminal, la carencia de una visión sistémica de la seguridad pública, saturación de penales y, en el caso de la delincuencia organizada, identifica una "utilización extensiva de las Fuerzas Armadas como alternativa para enfrentar el fenómeno".
Estos factores, resalta el documento entregado en Palacio Nacional al consejero de la Judicatura Federal, Alfonso Pérez Daza, en ausencia de representantes de la Cámara de Diputados y de Senadores, han alimentado la desconfianza de la ciudadanía en las instituciones de seguridad y justicia de todos de los niveles de gobierno, la cual actualmente es "bajísima".
El informe presenta siete recomendaciones y casi 50 planteamientos para realizar modificaciones en el ámbito constitucional, federal y local, para construir o ampliar el sistema de justicia. Algunos de esos puntos son acciones que se pueden emprender de forma inmediata sin tener que esperar los procesos legislativos, además de que propone alternativas sobre la participación ciudadana.
Soluciones a largo plazo. El documento, que consta de 90 páginas, señala que los problemas "no se pueden corregir a corto plazo. Tampoco bastan los cambios en aspectos muy puntuales para corregir el rumbo. Resulta ingenuo e irresponsable ofrecer resultados positivos en lo inmediato", sentencia.
Alerta que "debe considerarse que la crisis de seguridad pública que vivimos desde hace casi dos décadas tampoco ha de ceder en el corto plazo".
El director del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Sergio López Ayllón, advirtió que todos...
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