Videos: defensa contra los abusos
(14 del Tercer Presupuesto; MATERIAL EXCLUSIVO PARA MEDIOS IMPRESOS. QUEDA PROHIBIDA SU PUBLICACIÓN EN INTERNET)
Liliana Alcántara
MÉXICO, D.F., noviembre 30 (EL UNIVERSAL).- Las nuevas tecnologías son empleadas con mayor frecuencia por ciudadanos para documentar abusos de autoridad.
Especialistas en libertad de expresión, abogados, activistas y servidores públicos destacan una tendencia creciente de los mexicanos para usar los teléfonos celulares como instrumento de defensa, pues con ellos videograban abusos policiacos que después difunden en redes sociales a manera de denuncia.
Señalan que esta acción que pareciera tan simple podría contribuir, incluso, a combatir la impunidad, pues los autores no sólo consiguen viralizar o reproducir miles de veces sus imágenes en internet, sino que algunas de ellas han servido como evidencia en procesos judiciales.
Javier Villanueva, miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, asegura que la actuación de las fuerzas de seguridad son actos de carácter público y, por lo tanto, pueden ser grabados con base en lo que establecen los artículos 6 y 7 de la Constitución.
De tal manera que cualquier persona tiene derecho a videograbar la actuación de una autoridad siempre y cuando no interfiera con sus funciones, señala.
Jesús González, vocero del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, considera que estos videos son una defensa ante los abusos del poder, aunque lamenta que en pocos casos haya una sanción para quienes son sorprendidos cometiendo los excesos.
Hemos visto últimamente que no sólo no son sancionados los policías, sino que además no son validadas como pruebas en los casos donde la persona que filma es detenida, explicó.
Ello, agregó, sin considerar que quienes graban también son criminalizados.
Hay casos de excepción, como el del activista Sandino Bucio Dovalí, el estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) investigado por su presunta participación en actos de vandalismo durante marchas recientes, que fue detenido de manera irregular el 28 de noviembre pasado. Las anomalías cometidas en su captura sin orden ministerial o judicial, obligaron a que la Procuraduría General de la República (PGR) lo dejara en libertad y que los policías federales implicados fueran suspendidos y serán objeto de una sanción administrativa.
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ha sido el único organismo público en el país que ha emitido una recomendación debido a las detenciones contra...
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