'Hubo un vínculo entre autoridades y criminales'
Mariluz Roldán
CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 29 (EL UNIVERSAL).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer este miércoles, su informe sobre el caso Iguala, en el que destacó que en el basurero de Cocula, Guerrero, se incineraron al menos 19 cuerpos, y es necesario determinar si corresponden algunos a los 43 normalistas de Ayotzinapa, y alertó que la indagatoria muestra que el crimen organizado ha tomado algunas instituciones de seguridad.
En una sesión de más de casi nueve horas, el organismo presentó la "Recomendación 15VG/2018 sobre la Investigación por Violaciones Graves de Derechos Humanos en el Caso Iguala", de mil 255 tomos y dirigida a 16 dependencias, por los hechos ocurridos los días 26 y 27 de septiembre de 2014, cuando fallecieron seis personas, 42 resultaron lesionadas y 43 fueron víctimas de desaparición forzada.
Acompañado, entre otros, por José Trinidad Larrieta, titular de la Oficina Especial para el Caso Iguala, de ese organismo, Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH, afirmó que desde el punto de vista de los derechos humanos, Ayotzinapa representa "el momento crítico" que el país vive en materia de violencia, inseguridad, corrupción e impunidad.
Mencionó las omisiones en las que ha incurrido la Procuraduría General de la República (PGR), dependencia que, señaló, subestimó el hallazgo de 38 porciones petrosas de huesos temporales hallados en el basurero, así como los restos encontrados en una bolsa recuperada en el río San Juan.
"El hallazgo de las porciones petrosas de huesos temporales constituiría un elemento suficiente para concluir que, cuando menos, los cuerpos de 19 personas habrían sido incinerados en el basurero de Cocula, siendo indispensable realizar los análisis genéticos, a efecto de determinar si dichos fragmentos óseos corresponden a alguno de los estudiantes normalistas desaparecidos", expuso.
González Pérez enfatizó que la verdad que encontró la CNDH muestra "la existencia de una vinculación clara y previa a los hechos de septiembre de 2014 entre algunas autoridades estatales y municipales con miembros del crimen organizado; la toma del crimen organizado de algunas instituciones vinculadas a la seguridad".
José Trinidad Larrieta Carrasco, titular de la Oficina Especial para el Caso Iguala, indicó que hubo "grandes omisiones en las que incurrieron las autoridades", puesto que la PGR fue la primera instancia ministerial en conocer de los hechos a través del C4, pero demoró en...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba