Violencia y opacidad
Daniel Wilkinson
Director ejecutivo adjunto para las Américas de Human Rights WatchHuman Rights Watch presenta este artículo, el segundo en una serie producida para EL UNIVERSAL, que evalúa la gestión de Enrique Peña Nieto en derechos humanosEl dato más notable de la "guerra contra el narcotráfico" es la aterradora cantidad de homicidios en el país. En efecto, más de 240 mil personas han sido asesinadas, según estadísticas oficiales, desde que esta "guerra" comenzó en 2006.
Algo que se nota menos ?pero también es impactante? es lo poco que se sabe sobre estas muertes. A más de una década de que el presidente Felipe Calderón iniciara esta desventurada "guerra", en la amplia mayoría de los casos subsisten preguntas básicas que no han sido resueltas: ¿quiénes cometieron estos crímenes? ¿En qué circunstancias? ¿Por qué?
Durante los primeros cinco años de su presidencia, Calderón ofreció una respuesta sencilla: 90% de los asesinatos vinculados con la "guerra contra el narcotráfico" eran casos de delincuentes que se mataban entre sí. El entonces presidente siguió repitiendo esta cifra a medida que aumentaban los homicidios vinculados a la delincuencia organizada, llegando a un acumulado de 34 mil entre 2007 y 2011. En 2011, una delegación de Human Rights Watch se reunió con él en Los Pinos para presentarle un informe sobre abusos sistemáticos cometidos por las policías y Fuerzas Armadas durante su presidencia. Una de nuestras conclusiones fue que Calderón no tenía ningún fundamento creíble para sustentar su aseveración sobre 90% de los casos.
Durante esos años, la Procuraduría General de la República (PGR) había iniciado investigaciones en menos de mil casos de asesinatos, presentado cargos contra 343 presuntos responsables y conseguido condenas contra apenas 22 personas. Es posible que las procuradurías estatales también hayan procesado una pequeña porción de los 34 mil casos, pero la gran mayoría de ellos no habían sido resueltos; ni siquiera fueron investigados.
En vez de impulsar investigaciones judiciales adecuadas, el gobierno de Calderón divulgó, en enero de 2011, una "base de datos" de 34 mil homicidios que atribuía a la violencia asociada con la delincuencia organizada. Era una base de datos con poquísimos datos. Señalaba el mes y el municipio en que se habían producido los asesinatos, pero no daba más detalles. No decía nada sobre los asesinos, las víctimas, las circunstancias ni los motivos. Tampoco aportaba datos que sustentaran la afirmación de que 90% fueran casos de asesinatos entre las propias bandas criminales.
Esto no quiere decir que no hubiera un gran número de casos de asesinatos entre bandas criminales. Claro que los hubo, además de casos de víctimas que no tenían ninguna participación en la delincuencia organizada y, por cierto, de policías y soldados que perdieron la...
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