El Zapotillo. Una presa seca con cargo al erario
Jade Ramírez Cuevas y Majo Siscar
TEMACAPULÍN, Jal., agosto 10 (EL UNIVERSAL).- Un cerro destazado ladera abajo y un muro de 80 metros de concreto irrumpen en el curso natural del Río Verde, en Los Altos de Jalisco. Es la imagen de una represa que nunca ha tenido agua.
Fue en 2005 cuando se anunció la construcción de la presa El Zapotillo, impulsada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), con apoyo de los gobiernos de Jalisco y Guanajuato; tendría una cortina de 80 metros, se construiría en tierras de Jalisco y llevaría agua del Río Verde hacia León, Guanajuato.
En 2008, el entonces gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, dijo que la cortina no mediría 80, sino 105 metros. Con esa altura el embalse ocuparía más de 4 mil 800 hectáreas, por lo que se inundarían tres comunidades: Temacapulín, Acasico y Palmarejo.
Desde el inicio se gestó una de las luchas más peculiares de las últimas décadas en México: la Revolución del Agua de Temacapulín, una movilización de un millar de habitantes de los tres poblados milenarios, que durante 12 años se han opuesto a la represa que los expulsaría de sus casas e inundaría miles de hectáreas de tierras fértiles y sus sitios de ceremonias, iglesia y panteón. Su patrimonio tangible e intangible.
María Félix, por ejemplo, siembra en estas tierras chile de árbol, maíz, frijol, calabaza, cebolla, jitomate y cacahuate. Es aquí donde están enterrados sus bisabuelos y crecieron sus cuatro hijos. Ella es integrante del Comité Salvemos Temaca, que con apoyo de una parte de la sociedad jalisciense rechaza el proyecto por los posibles efectos ambientales y la violación a sus derechos humanos. "A mí me mataría que me mandaran aquí", reclamó María a las autoridades de la Comisión Estatal del Agua del estado cuando le mostraron el sitio donde los pobladores serían reubicados si la presa empieza a funcionar.
La historia toca a tres administraciones federales. En 2005 Conagua autorizó el proyecto sin consulta ni información a las comunidades, pese a que así lo estipulan tratados internacionales ratificados por México.
Los pobladores enviaron cartas a los ayuntamientos, organizaron marchas y plantones, impulsaron una batalla judicial para evitar ser desplazados. Su lucha se acentuó cuando la Conagua licitó la construcción de una presa del doble de capacidad e impacto autorizado, de 105 metros de altura. Estos cambios, que suponían la inundación y afectación definitiva de las comunidades, se presentaron sin una nueva Manifestación de Impacto Ambiental.
Las obras se adjudican a un consorcio en el que la mitad del capital lo ponen las mexicanas La Peninsular y...
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